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Populares de Pontevedra

  • El PP municipal detecta irregularidades en la cuenta general del Concello que excluye la deuda de los condenados por el caso cuñada

    • Alfonso Marnotes recuerda que la indemnización “ya tenía que estar reconocida en el año 2021 e incorporada a la contabilidad municipal”
    • El portavoz municipal justifica en esta “omisión deliberada” el voto en contra de los populares y exige “saber a dónde fue a parar el dinero”

      

    Vigo, 29 de junio de 2022.- El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Vigo, Alfonso Marnotes, justificó hoy el voto en contra de su formación a la cuenta general correspondiente a 2021, argumentando que el Gobierno local “omitió de forma deliberada” el reconocimiento de la deuda de los condenados por el caso cuñada.

    Así, aseguró que la contabilidad municipal “está plagada de irregularidades”. En este sentido, indicó en que la sentencia judicial por la que se condena a un alto ex funcionario del Gobierno de Caballero y al que fuera responsable de la contrata municipal por enchufar a la cuñada de Carmela Silva, reconoce el abono a las arcas municipales de los más de 108.000 euros que la familiar de la presidenta provincial y teniente de alcalde de Vigo cobró por un trabajo que nunca llegó a realizar.

    Según informó Marnotes, esta cantidad más los intereses tendrían que tener reflejo en la contabilidad del Ayuntamiento. “Sabemos que los condenados pagaron en el juzgado para poder solicitar el indulto, lo que no sabemos es a dónde ha ido a parar este dinero”, señaló. En su opinión las razones por las que este ingreso no está recogido “son sospechosas”, por lo que reclamó conocer “cuándo entró el dinero en el Concello y cuál ha sido su destino”.

     

    La exclusión de esta deuda es un motivo más, a juicio del portavoz popular, para desconfiar de los intereses que oculta el PSOE vigués respecto a este caso y su empeño por “premiar, proteger y amparar estas conductas delictivas”.   “El Gobierno local lleva cinco años mirando para otro lado. Cuando se conocieron los hechos no los denunciaron, cuando se denunciaron no se personaron y cuando se condenaron no se reclamaron”, anotó.

    “Ni se pidió la ejecución de la sentencia ni su liquidación”, incide el edil del PP, quien señala que, pese a ser una obligación legal, “se omite un ingreso de la entidad local que tenía que estar previsto y recaudado”.