Pepa Pardo pide a Félix Bolaños el cese inmediato del Fiscal General del Estado por su falta de independencia y su descarado apoyo al Gobierno
Pontevedra, 23 de abril de 2024.
La senadora pontevedresa Pepa Pardo, pide en el Senado al Ministro de Justicia, el cese inmediato del Fiscal General del Estado por su “falta” de independencia judicial y su “descarado” apoyo al Gobierno. Así lo denuncia la senadora por Pontevedra durante una interpelación al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en donde recalca que “estamos ante el asalto a las instituciones por parte del Gobierno a fin de ponerlas a su servicio y no al servicio del interés general”.
Según palabras de la popular, “En cualquier país democrático habría dimitido de manera inmediata y si no se le habría cesado. Un Fiscal General del Estado no puede estar condenado por desviación de poder”. La portavoz de Justicia reprocha que el TS, el CGPJ, las asociaciones de fiscales y jueces “piden a gritos” el cese de Álvaro García Ortiz por su falta de imparcialidad y la politización de la justicia 23 de abril de 2024.
La iniciativa, que se ha debatido en la sesión de control al Gobierno, expuesta por Pardo pone el foco en varias acciones que evidencian la falta de imparcialidad y la politización de la justicia con García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado.
La dirigente del PP lamenta que el TS publicó una sentencia que acusaba a García Ortiz por desviación de poder en su propuesta para el ascenso a fiscal de sala a Dolores Delgado, anulando así este nombramiento. Por lo que le pregunta al ministro si considera “idóneo” para este cargo a una persona condenada por desviación de poder. “En cualquier país democrático habría dimitido de manera inmediata y si no, se la habría cesado. Un Fiscal General del Estado no puede estar condenado por desviación de poder”, incide.
Ortiz calla ante el señalamiento a los jueces
Pepa Pardo evidencia que García Ortiz fue rechazado para el cargo por primera vez en la historia de la democracia por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial. “¿A qué están esperando para cesarlo?”, insiste. A estas conductas “indecentes”, la senadora popular añade que el nombramiento de Álvaro Ortiz fue recurrido ante el Tribunal Supremo por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales porque consideran que no es idóneo para desempeñar las funciones que tiene asignadas. “Por ser descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno y porque no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno”, afea Pardo.
También recuerda que las asociaciones de fiscales “piden a gritos” su dimisión “por su pasividad en la defensa del Estado de derecho, la efectiva división de poderes y la independencia judicial” y “por la dignidad de la institución”. Igualmente, Pepa Pardo censura que el Fiscal “calla” ante el señalamiento judicial al que están sometidos sus compañeros, que califica como “un indecente silencio frente a esa corrupta transacción de poder a cambio de impunidad: la amnistía”.
En este sentido, echa en cara a García Ortiz que consienta “las comisiones lawfare y los señalamientos con nombres y apellidos de jueces y fiscales del procés, no solo por sus socios independentistas, sino por miembros de su propio Gobierno”. Por ello, se dirige al ministro que “deje de mentir”, ya que el propio Consejo de Ministros puede cesar a Álvaro García Ortiz. Así reitera que este Gobierno es el verdadero “artífice” contando bulos: “La amnistía no es por la convivencia, es por la conveniencia”.
Sobre las filtraciones de la pareja de Ayuso, Pepa Pardo recuerda que el propio García Ortiz asume la responsabilidad. “Aquello que, según usted, era un bulo resultó que era una verdad como un puño. Ha sido el propio Fiscal General del Estado quien lo ha reconocido. No pasa nada, nadie asume responsabilidades y el Fiscal sigue en su cargo”, recrimina a Bolaños. Durante su intervención también afea a Bolaños su falta de respeto a las instituciones y recuerda que tiene hasta 10 comparecencias pendientes en el Senado.